JOSÉ LUIS BAJO BENAYAS EL ECONOMISTA
El Gobierno, a instancias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dispone a aprobar una orden por la que la Agencia Tributaria permitirá a los contribuyentes -ya sean particulares o empresas- solicitar aplazamientos o fraccionamientos de deuda de hasta 30.000 euros sin tener para ello que presentar avales o garantías adicionales. Hasta ahora, ese límite se situaba en los 18.000 euros, por lo que el cambio es de una importancia sustancial.
La Agencia, que dirige actualmente Santiago Menéndez, estima que durante los últimos años había recibido en torno a 25.000 solicitudes anuales de aplazamiento o fraccionamiento de deudas de entre 18.000 y 30.000 euros. Para obtener el visto bueno de Hacienda, tenían que aportar avales, hipotecas u otras garantías, asumiendo los costes derivados de la solicitud de los mismos.
Ahora ya no será así, y sólo tendrán que presentar avales los contribuyentes que pretendan postergar o fraccionar el pago de cantidades superiores a los 30.000 euros. «Se van a ahorrar numerosas cargas indirectas», aseguran fuentes del organismo, que saca pecho por la próxima aprobación de la orden. «Es algo que había que hacer», concluyen.
Más beneficiarios
Según datos de la Memoria de la Agencia Tributaria 2014, el mayor número de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento sigue llegando de particulares o empresas que deben abonar menos de 18.000 euros (casi el 97%), pero con el nuevo límite, un 66% superior al anterior, el número de beneficiarios se elevará considerablemente.
La orden ministerial permitirá que todas las solicitudes de este tipo se vean beneficiadas «con la excepción de las deudas generadas por la falta de ingreso de las retenciones de IRPF, que siguen siendo inaplazables», matizan desde la Agencia. Tampoco podrán acogerse a esta ventaja las deudas para las cuales el Código Aduanero Comunitario establece una regulación independiente, y obviamente el organismo tributario seguirá aplicando los mismos filtros que hasta ahora a la hora de aprobar una solicitud o, por el contrario, denegarla.
El Ministerio de Hacienda, bajo la batuta de Cristóbal Montoro, asegura que el objetivo de la orden, que amplía el perímetro de exención de garantías o avales, «se profundiza en la mejora de las condiciones para la concesión de aplazamientos, que ya viene dada por la financiación históricamente baja existente para la deuda tributaria».
En concreto, y para el año 2016, el tipo de interés de demora que rige para aplazamientos y fraccionamientos bajará del 4,375% al 3,75%, una reducción de algo más del 14%. Una de las quejas más extendidas entre contribuyentes que demandan aplazamientos era, precisamente, el elevado interés que se exigía para satisfacer esa demanda.
¿Efecto de la crisis?
Desde la Agencia Tributaria no se entra a valorar si la medida, que se adopta a tan sólo dos meses de la celebración de elecciones generales, llega demasiado tarde. Porque la crisis económica hizo estragos entre particulares y empresas, y entonces el límite para estar exento de aval se mantuvo en los 18.000 euros y el tipo de interés exigido estaba por encima del 4%. «Es una lectura política», aducen.
Atendiendo ala evolución del número de solicitudes de aplazamiento y a los importes de esas solicitudes, las conclusiones son ambivalentes. Solicitudes e importes han bajado desde el punto álgido de la crisis, pero siguen muy por encima del año 2007, el último de cierta normalidad económica en nuestro país hasta este año 2015.
Así, el número de solicitudes se ha reducido desde el año 2013, precisamente cuando España abandonó la recesión. Entonces, más de dos millones de personas al año solicitaban aplazar o fraccionar los pagos a la hacienda pública. Ahora esa cifra se ha situado en los 1,703 millones. Aún así, la cantidad sigue siendo muy elevada, porque hasta antes de 2008, las peticiones se situaban en el entorno del medio millón y sin grandes cambios, por lo que cabe decir que, pese a la mejora, la exención de petición de avales sí va a beneficiar a numerosos contribuyentes.
Respecto a los importes de aplazamientos solicitados, éstos han caído con mayor intensidad, y en 2014 se redujeron a 11.764 millones de euros, una cifra similar a la del año 2008. En los peores momentos de la recesión, en el año 2012, se incrementaron hasta cerca de los 18.000 millones de euros.
Por último, y respecto a la cantidad de acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos de pago, la Agencia Tributaria dio el visto bueno el pasado año a casi el 80% de las mismas. En concreto, aprobó 1,123 millones por un importe total de 3.188 millones de euros. Mientras, denegó algo más de 248.000 solicitudes, por un total de 351,7 millones, la décima parte de lo que sí aprobó.